Muristek
La pelea por la reina paralela de Guaymallén sumó un nuevo capítulo. Fiscalía de Estado emitió opinión en la causa iniciada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y la propia soberana electa, Julieta Lonigro. El dictamen sostiene que la elección de reinas distritales y departamentales forma parte del patrimonio cultural de la provincia, por lo que el máximo tribunal mendocino debe aceptar la cautelar y permitir a Lonigro participar de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia como representante departamental.
En un extenso documento, el fiscal de Estado Fernando Simón, señala que la ordenanza 9196/21 resiente “gravemente el patrimonio cultural que se refleja en la Fiesta Nacional de la Vendimia, según ha sido expresamente reconocido por la legislación vigente”.
El conflicto nació en marzo del año pasado con la sanción de dicha ordenanza en el Concejo Deliberante de Guaymallén, que dictaminó “prohibir la organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del Municipio, de manera directa, de elecciones de reinas, embajadoras, representantes y princesas u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos públicos instrumentándose los mecanismos necesarios al efecto”.
Tras la sanción de esa ordenanza, se desató la insurrección de las reinas, particularmente las nucleadas en la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) presidida por la soberana nacional de 2007, María Paula García. Cruces mediáticos, manifestaciones y, el punto más caliente: la elección de una reina de Guaymallén en una fiesta realizada en el Museo del Vino de Maipú, un edificio de esa comuna, con la presencia del intendente peronista, Matías Stevanato. Una señal política hacia la otra Comuna, gobernada por el radical Marcelino Iglesias.
En esa fiesta paralela fue electa Julieta Lonigro. En enero, el colectivo de soberanas presentó ante la Corte una acción procesal administrativa para lograr que la electa sea reconocida como reina de Guaymallén y pueda participar en la Vía Blanca, Carrusel y en la elección de la soberana nacional en el Teatro Griego Frank Romero Day. La causa está en la sala 2 de la SCJ, que integran Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio.
En ese expediente es que participa con un dictamen la Fiscalía de Estado. En el corazón de la argumentación de este organismo se indica que la fiesta “fue declarada patrimonio cultural de la Provincia por Ley 6973 del año 2002, comprendiendo a su vez todas las manifestaciones de ese proceso: Fiestas tradicionales barriales, distritales, departamentales, Bendición de los Frutos, Carrusel, Vía Blanca de las Reinas y Acto Central”.
En la argumentación, se indica que otra ley, la 5961, de 1992, establece “la obligación de proteger el patrimonio cultural como derecho de incidencia colectiva, protección a la que dicha norma le asigna el carácter de orden público”. Además, Fiscalía de Estado recuerda que la reforma de la Constitución Nacional de 1994, también indica que las autoridades deben proveer a la protección del patrimonio cultural, “habilitando la tutela rápida y expedita de los derechos de incidencia colectiva”.
Más aún, el escrito indica que “los bienes del patrimonio cultural inmaterial encuentran además un nivel de tutela particular en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (de la Unesco) del año 2003, a la que Argentina adhirió por Ley 26118″.
En los antecedentes legales reunidos por Fiscalía de Estado también se cita la ley 8740 de 2014, en la que se fija un nuevo reglamento para la elección de las reinas distritales, departamentales y nacionales, “que respeta los derechos, garantías y libertades consagrados a favor de la mujer por los tratados internacionales de jerarquía constitucional y demás legislación vigente en materia de derechos humanos del país”.
Entonces el dictamen sostiene que “es innegable que las fiestas que espontáneamente se organicen en barrios, distritos y departamentos –tal cual contempla la Ley 6973- son una expresión de la cultura patrimonializada por ley, ya que la cultura es la forma en que se manifiesta la identidad de un pueblo o nación”.
Siguiendo el hilo argumental, Fiscalía de Estado señala que “no hay duda que la elección de una reina vendimial departamental en una festividad tradicional organizada espontáneamente bajo coordinación y fiscalización de la Corenave, sin participación la autoridad municipal y ante la omisión expresamente decidida por ésta, con lo que no puede ser desconocida dentro de la tutela específica dispuesta por la Ley 6973″.
Entonces queda saber si el hecho de que la soberana haya sido elegida sin aval de la Comuna puede ser electa reina nacional. Entonces, Simón sostiene que esa decisión está en manos de la propia Corte, que podría declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza 9196 o que ordene a la Municipalidad reconocer a Lonigro como reina departamental.
Respecto de la constitucionalidad de la ordenanza, el fiscal de Estado sostiene que “la despatrimonialización de los bienes culturales inmateriales que ha sido declarada por Ley 6973 solo puede ser desafectada por la Legislatura y no por el Municipio”.
Ante la consulta de Los Andes, la Municipalidad de Guaymallén declinó opinar sobre el dictamen y tampoco hubo respuesta del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.
El problema de los tiempos
El fiscal Simón, en su dictamen, sostiene que apremia la resolución de la cautelar que permita a la reina paralela representar a Guaymallén en todas las instancias de la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyo calendario inicia el 27 de febrero con la Bendición de los Frutos. Pero más adelante indica que también debería opinar el Gobierno de Mendoza, por ser la autoridad de aplicación de la normativa que regula el patrimonio cultural y también organiza todos los actos centrales de la Vendimia.
No hay un plazo para que el Gobierno responda sobre su posición respecto del conflicto. Y luego de la respuesta, cada uno de los supremos de la Sala 2 de la Corte debe argumentar su voto. En principio, parece difícil que haya una resolución antes del 4 de marzo, cuando la soberana paralela debería participar de la Vía Blanca y el 5, cuando se realice el Carrusel y la elección en el Frank Romero Day.
Resolución de la Fiscalía de Estado