Muristek
La reactivación que logró el Consejo de la Magistratura de la Nación permitió, entre otros avances, la elección de autoridades de sus comisiones, lo que resulta fundamental para el cumplimiento de las funciones del organismo, entre ellas una adecuada selección de los jueces federales, la evaluación de su desempeño y su eventual remoción.
La Magistratura venía atravesando un largo período de parálisis (más de medio año) por la disputa política que la afectó, lo que derivó en una indebida demora en la tramitación de los casos de jueces a los que se acusa por mal desempeño. Entre ellos, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento.
Entre las disposiciones recientes del organismo se encuentra la división de la Comisión de Acusación y Disciplina, que, influida por el oficialismo, virtualmente congeló la tramitación de las causas incluidas en su órbita.
De ahora en adelante, habrá una comisión solamente a cargo de la acusación de aquellos magistrados sospechados o denunciados por posible corrupción, que presidirá el diputado Pablo Tonelli, quien es el consejero instructor de la investigación contra el doctor Bento y otros jueces del fuero federal.
Esta división que permite que haya una comisión solo para la faz acusatoria fue forzada por la oposición política en el organismo, que exteriorizó su disgusto por las indudables demoras que ejercía el oficialismo en cuanto al manejo de los expedientes. De ahora en adelante, la reestructuración operada para el funcionamiento del cuerpo conlleva un equilibrio saludable en materia política.
En el caso puntual del juez federal de nuestra provincia, el propio consejero Tonelli denunció en reiteradas oportunidades la lentitud de procedimientos, en especial con el envío del peritaje contable del patrimonio del juez, paso fundamental para que se pueda emitir dictamen en el trámite acusatorio.
Esas anomalías que, finalmente, parecen ser superadas en el derrotero de la Magistratura deberían permitir que los casos en los cuales está siendo observado el comportamiento de jueces sobre los que pesan denuncias graves.
En el caso del doctor Bento cabe insistir una vez más desde este espacio por el pronto esclarecimiento de las denuncias que lo involucran. Se encuentra procesado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales de las personas detenidas. Además, está en la mira por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero.
Por otra parte, como producto de las anomalías en el funcionamiento de la Magistratura, el juez Bento nunca se apartó de sus funciones pese al proceso judicial en su contra, incluso en su condición de juez federal con competencia electoral en nuestra provincia, lo que llevó a que bajo su órbita se mantuviera la fiscalización de los últimos comicios realizados en Mendoza.
Cabe recordar que esta última situación produjo públicos reclamos no sólo partidarios, sino, además, de importantes sectores de la comunidad mendocina.
En un país sano desde el punto de vista republicano, la idoneidad y la honestidad deben ser los principales requisitos para quienes aspiran a cumplir funciones en la Justicia, el poder del Estado que debe actuar siempre a distancia de las pulseadas políticas. En ese contexto es de esperar que se aclare de una buena vez la situación del doctor Bento.