Muristek
El periplo de Marcelo Romano y una causa judicial iniciada en 2019 empieza a tener avances. La fiscal Gabriela García Cobos investiga un hecho que habría ocurrido el 11 de agosto de 2019. El senador habría cometido atentado contra la autoridad y esta mañana fue imputado.
La funcionaria había pedido el desafuero del funcionario legislativo, algo que ocurrió a fines de mayo de 2020. Desde allí la causa siguió su curso y esta mañana se concretó la imputación por el delito de atentado contra la autoridad según confirmó el propio Romano a Los Andes. “Es una causa política”, insistió y ahora será el turno de testigos.
Fuentes judiciales con acceso a la causa explicaron que la imputación se demoró desde mayo del 2020, cuando Romano perdió los fueros, porque “ellos (la defensa) plantearon la nulidad de los informes policiales y declaraciones de los policías y apelaron los fallos en primera y segunda instancia”.
Para la Justicia penal, fue válida la declaración de la policía que expresó haber escuchado a Romano decirles “que es miembro de la Bicameral de Seguridad y es amigo del entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier”. Esa sentencia emitida en marzo del año pasado, fue apelada por la defensa y el expediente recayó en un Tribunal Penal Colegiado que confirmó la sentencia, en segunda instancia, en diciembre.
Luego de la feria judicial, se retomó el caso y esta mañana se produjo la imputación al senador provincial. Empieza el proceso de recepción de testigos y todo puede tardar hasta 18 meses.
“Con nosotros actúan rápidamente. Si fuera verdad de lo que me acusan es una contravención y no podían pedirme el desafuero. Todos los opositores estamos en la parrilla”, cuestionó Romano.
El hecho
Mientras transcurrían las elecciones PASO 2019 en Mendoza, el senador protagonizó un escándalo en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz, porque la Policía había detenido a su hija, quien conducía un Renault Clio. El legislador les habría dicho a los efectivos: “Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”. El delito por el que se lo investiga establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
De hecho, el propio Romano ha cuestionado el hecho por el que se lo acusa, aduciendo que es una contravención y no un delito. El artículo 167 de la Constitución provincial indica que cuando se produce una acusación por delitos comunes contra un miembro de la Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury de Enjuiciamiento, y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado.
Alejandro Pérez Hualde, ex ministro de la Suprema Corte de la provincia y reconocido constitucionalista, había cuestionado la necesidad legal del desafuero de Romano consultado por Los Andes en aquel momento: “Si se mira el artículo 167 (de la Constitución), dice que tiene que tener mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, que en esta causa en la que estamos hablando probablemente no la habría jamás porque la pena no excede de los 3 años. No se cumplen los elementos necesarios para un caso tan grave, como es el de un senador, de dejarlo sin fueros”.