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César Litvin: “Estamos al límite de la tolerancia y algunos impuestos no tienen sustento legal”
El presidente Alberto Fernández prometió declararle la guerra a “la inflación y los especuladores” desde este viernes, pero con un alto gasto público y sin crédito internacional, sus armas parecieran ser “mayor emisión o subir los impuestos” y, de acuerdo con el tributarista César Litvin, algunos sin la base legal necesaria, como sucede en el caso de las retenciones.
“No hay financiamiento externo, el acuerdo con el Fondo (FMI) trae un dinero extra para las reservas pero se va a evaporar rápido, entonces la variable de ajuste es más impuestos o más emisión y las dos son complicadas, la emisión ya ha sido muy usada por este Gobierno y genera una inflación que ya está desbordada y los contribuyentes tienen un límite de tolerancia para asumir impuestos que ya se alcanzó”, comentó el especialista, socio CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, que estuvo de visita en Mendoza este fin de semana, con motivo de la 19° entrega del Rally de las Bodegas.
Además de la carga fiscal, que de por sí es un freno para cualquier posible inversor, el especialista hizo hincapié en que, cuando el contribuyente evalúa el destino del dinero que paga en impuestos, no ve una contrapartida que redunde en mejores servicios públicos, sino que observa ministerios, reparticiones y gastos sobredimensionados. “El aspecto subjetivo también es importante si se va a plantear un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad”, destacó.
“Las retenciones no tienen sustento legal”
Las retenciones a las exportaciones son impuestos, y como tales tienen que contar con la base legal necesaria, pero en el año 2019, con la Ley de Solidaridad, se delegaron en el poder Ejecutivo facultades que eran del Legislativo, algo que le permitió al Gobierno alterar las alícuotas de los derechos de exportación, pero todo eso hasta el 31 de diciembre de 2021. Luego, el proyecto de Presupuesto extendería esas facultades por dos años más, algo que no sucedió, porque la pauta de gastos nacionales no fue aprobada.
“No se aprobó el Presupuesto, no hay sustento legal para las retenciones. Es similar a lo que sucedió con la Resolución 125 (que tuvo en vilo al país en 2008, con el que el Ejecutivo nacional establecía la movilidad de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, y que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos). Además, se generarían 410 millones de dólares que, sirven, pero es tirar agua a un tacho lleno de agujeros”, destacó Litvin.
Bienes Personales y Riqueza, dos impuestos “confiscatorios”
Asimismo, señaló que existe otro impuesto que fue incrementado a fines del año pasado, justo en la última sesión del Congreso y con ausencia de algunos legisladores de la oposición, y se trata de Bienes Personales, un impuesto patrimonial que en Argentina nació en 1991 y que sigue vigente gracias a las sucesivas prórroga. “Eso habla del escepticismo de una sociedad a la que se le vende un impuesto de emergencia, temporal, pero que luego se vuelve permanente”, agregó.
“El impuesto a los Bienes Personales ya nació con un pecado original y es que se gravan las tenencias sin tener en cuenta que se adeuda. Se mide mal la capacidad económica, si no se toman en cuenta las deudas”, apuntó el tributarista.
Nuevamente, hay que recordar los efectos de la Ley de Solidaridad para evaluar el “aumento exorbitante” de ese impuesto patrimonial. “La alícuota que hasta el 2018 era de 0,25%, plana, para cualquier tipo de bienes, se modificó y pasó a ser progresiva, siendo la más baja del 0,5% y la más alta 2,25%. Es un aumento exponencialq ue hizo que mucha gente empezara a pensar en irse a vivir e invertir en otros países”, agregó.
Es que, de acuerdo con Litvin, Bienes Personales es confiscatorio, en la medida en que absorbe una parte sustancial de la renta, y sobre esta se incluyó el Impuesto a la Riqueza, que eleva la máxima presión a 7,5% sobre los bienes. “No existe en el mundo un impuesto patrimonial con tal alto porcentaje sobre los mismos bienes. Los dos impuestos se volvieron confiscatorios del capital porque superan la renta”, explicó.
El panorama se complejiza cuando se observa que, mientras que en Argentina, los inversores se enfrentan a una presión impositiva superior al 30%, o al 50% si se tiene en cuenta la inflación, en países como Uruguay se los premia con, por ejemplo 10 años sin pagar impuestos por los bienes que se posean fuera de ese país; dando la oportunidad a muchas empresas de “cruzar el charco” y establecerse en su territorio.
Equipo completo del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados en MendozaEl círculo vicioso de “impuestos y pobreza”
De acuerdo el informe mensual de la Asociación Argentinas de Presupuesto (ASAP), en enero se devengaron $117.150 millones en concepto de intereses, y el gasto primario resultante fue de $739.523 millones, 80% superior al registrado en enero de 2021 y 29,3 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación del período.
Esto es solo una muestra del gasto público creciente, y de acuerdo con el especialista, “paradójicamente la pobreza crece”. “Teniendo en cuenta que la variable para que no haya desempleo es el empleo público, se genera un círculo vicioso de impuestos: el Estado aumenta impuestos para recaudar más, se genera menos empleo privado, cae el consumo y hay menos actividad económica, aumenta el empleo público y los planes sociales y así se necesita recaudar más a través de impuestos”, resumió Litvin.
Para el especialista, por el contrario, “una década de austeridad, seguridad jurídica y estabilidad económica”, sacaría al país de una vez y para siempre de ese círculo, pero para eso se necesita una “rebaja impositiva que atraiga inversiones”.
La Argentina tiene grandes oportunidades, especialmente en momentos en que el mundo reclama alimentos y materias primas que proceden de los recursos naturales (como la minería, necesaria para la producción de equipos que generen energías limpias, por ejemplo), pero necesitará de “un plan económico que seduzca a los inversores, y se requerirá de más de un mandato para lograr eso, y quien sea que lo lleve adelante, requerirá de un plan social en el que intervengan sindicatos, representantes de los consumidores, oficialismo y oposición” .
El Estado, un socio que no arriesga
Un estudio reciente del Banco Mundial, en donde se analiza “por cada 100 que las empresas ganan, cuánto gana a su vez el Estado”, y Argentina ocupa las últimas posiciones en el ranking, ya que, mientras que en promedio los países recaudan aproximadamente 42,5 puntos en proporción al 100% de las empresas, en el país, el Estado se lleva 106%.
“Argentina no es competitiva”, el Estado suma mucho más en impuestos que las empresas en ganancias, la infraestructura no está en buen Estado y la logística es más cara que en otros países de la región. Ahora se suman las retenciones, un impuesto distorsivo que existe solo en otras 12 naciones y que le quita rentabilidad al exportador y al productor, y lo deja en desventaja frente a sus competidores. Todo eso resulta inentendible en un país con escasas reservas como este”, agregó Litvin.
¿Cómo terminar con Ingresos Brutos? ¿Qué sucedería con las recaudaciones provinciales?
El tributarista recordó que Ingresos Brutos se aplica en todas las etapas de la actividad económica y se repotencia en la traslación del precio, por eso, en la mayoría de los países se sustituyó por cargas como el IVA (Impuesto al Valor Agregado, que gravan el producto final).
Para llegar a un esquema en donde solo el IVA grave un producto terminado y listo para ser consumido, habrá que “ajustarse el cinturón, con la promesa de algo mejor a mediano y largo plazo”. “Casi todos los impuestos directos se coparticipan, una parte de débitos y créditos y Bienes Personales, también, lo que no se coparticipa, son los derechos de exportación, provincias productoras como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, no reciben nada del dinero que se produce en sus tierras”.
Entonces, con la idea de que con el tiempo Ingresos Brutos desaparezcan el especialista planteó que, habrá que pensar en una política más austera también en las provincias, y al mismo tiempo extraer valor de actividades como la agricultura, la industria, la minería, y “que se extraiga valor, pero que también el valor agregado se haga en la Argentina”.