Muristek
Hace poco más de un año, en febrero pasado, el Presidente presentó una “iniciativa preferente” para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Se trataba de una reforma de un tema de política pública complejo con fuertes implicaciones: elevados costos sociales y económicos, así como fuertes visos de inconstitucionalidad al vulnerar los principios de libre competencia y concurrencia que señala el artículo 28 constitucional. Esta valoración no era difícil de pronosticar, toda vez que la segunda sala de la Corte ya había declarado como inconstitucional un acuerdo de la Secretaría de Energía que iba en el mismo sentido.
A diferencia de otras reformas clave impulsadas durante este sexenio, como la de la Guardia Nacional, esta iniciativa fue presentada por el Presidente mismo. ¿Por qué el Presidente decidió recurrir a una iniciativa preferente cuando su coalición legislativa tiene claras mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? ¿Qué señal estaba mandando a sus legisladores? ¿Qué mensaje estaba enviando al Poder Judicial? Sobra decir que la reforma se aprobó a gran velocidad y se publicó en el Diario Oficial el pasado 9 de marzo de 2021. Poco después, un grupo de senadores de oposición la impugnaron mediante la acción de inconstitucionalidad 64/2021. Por su parte, numerosas empresas del sector eléctrico presentaron amparos contra esta misma reforma.
Tanto el Presidente como numerosos candidatos del partido en el poder, incluidos docenas de legisladores que buscaron ser reelegidos el año pasado, utilizaron el asunto de la reforma eléctrica como uno de los principales temas durante sus campañas electorales. Una vez pasadas las elecciones intermedias, y poco después de que se instalara una nueva Legislatura en la que la coalición oficialista pasó de controlar 61.6 a un 55.8% de la Cámara de Diputados, el Presidente envió una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
Frente a la posibilidad de que una reforma legal fuera declarada inconstitucional, el Presidente propuso reformar la Constitución, a pesar de que una reforma de este tipo era mucho menos factible con la nueva configuración del Congreso: la coalición Morena-PT-PVEM cuenta con 277 curules en la Cámara, muy lejanos de los 334 votos requeridos por una reforma constitucional, mientras que en el Senado la coalición oficialista tenía asegurados 78 de 85 votos requeridos. La única forma en que esta reforma constitucional, tan importante para el Presidente, podía haber transitado era si la coalición opositora se fragmentaba. Mientras tanto, la Suprema Corte tuvo a bien resolver el fondo de la acción de inconstitucionalidad 64/2021 apenas tres días antes de la revocación de mandato. En medio de una votación sumamente controversial, siete de once ministros consideraron que se violaban los principios de competencia económica y libre concurrencia, mientras que cuatro opinaron lo contrario: al no lograrse los ocho votos requeridos, se desestimó la acción sobre estos artículos.
A pesar de que esta resolución judicial aliviaba —al menos parcialmente, puesto que los amparos seguirán su curso—, el aparente anhelo presidencial redobló la apuesta: la reforma constitucional sería votada en el pleno de la Cámara a pesar de no contar con los votos suficientes para ser aprobada por una mayoría calificada. Cuando no se cuenta con el apoyo suficiente, no se suelen llevar al pleno legislativo temas controversiales: la derrota en el pleno puede leerse como una derrota del Presidente o su partido. ¿Por qué el Presidente y su bancada decidieron hacerlo? ¿Qué buscaba ganar? ¿Qué perdió con un revés legislativo de tal magnitud? Las mayorías requeridas para aprobar las reformas constitucionales tienen que negociarse y construirse —y esto era más fácil durante el primer trienio. ¿Acaso la reforma eléctrica no era prioritaria antes? ¿Qué puede decirse de la capacidad de negociación del Presidente y su bancada?
Columnista: Javier AparicioImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0