Muristek
Pareciera que no hay estrategias que ofrezcan resultados en una asignatura que se ha convertido en la enorme deuda pendiente por parte de la clase gobernante del país. Nada más y nada menos que un derecho fundamental que tenemos los seres humanos y que en México ha sido cancelado desde hace varios años: la seguridad. Se trata de un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, el cual se relaciona con el respeto y la protección a otros derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad como son la vida, la libertad y el patrimonio.
Sin embargo, desde hace mucho, el Estado y sus gobernantes poco o nada han podido hacer para evitar su deterioro e, incluso, en muchos casos, su cancelación total frente a la epidemia que ha significado la proliferación de grupos delincuenciales que dominan, literalmente, vastas zonas del territorio nacional.
Las bases de la seguridad se plantean en el artículo 21 de nuestra Constitución política, la cual establece la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción a quienes infringen leyes y principios que rigen la actuación de los órganos encargados de la seguridad pública.
Sin embargo, continúan las alertas encendidas frente a los últimos datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2022, en la que se confirma que la percepción de inseguridad de los mexicanos registró un aumento en el primer trimestre del año, al ubicarse en 66.2 por ciento. Ello significa que 66 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años percibe que vivir en su ciudad es inseguro. Destacan Fresnillo, Zac. con 97.1%; seguida de Ciudad Obregón, Son. con 94.1% y Zacatecas, Zac., con 91.7 por ciento.
Pero eso no es todo, en los últimos días ha crecido la presión social hacia los gobiernos federal y estatales por la desaparición de mujeres jóvenes, tanto en Nuevo León como en la Ciudad de México, sólo por mencionar algunas entidades.
Recientemente, el Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas emitió 85 recomendaciones a México en su informe tras la visita que realizó a nuestro país a finales del año pasado. Tres datos destacan de dicho informe: “Los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en el país. La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. Segundo: “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”. Y, finalmente, “que el gobierno mexicano abandone el enfoque de militarización a la seguridad pública”.
Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0