Muristek
Hace una semana que la Guardia Nacional (GN) llegó a las zonas arqueológicas de Teotihuacan, El Tajín y Calakmul, donde su presencia resulta inquietante. El propio Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), confirmó el hecho en un comunicado interno, el pasado 15 de junio, en el que justificó que este cuerpo de vigilancia atajará saqueos, excavaciones clandestinas y el tráfico ilícito de piezas, inspirado en los Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural de Italia.
Sin embargo, no dejó de lado que dichos agentes –asesorados por el INAH– también ayudarán a prevenir la delincuencia en el entorno y a realizar un diagnóstico de las problemáticas de seguridad de áreas aledañas a cada espacio, lo cual revela un secreto a voces: la inseguridad ya alcanzó a los sitios arqueológicos y sólo nos queda la zozobra.
Pese a todo, la postura oficial no ha sido suficiente para investigadores, académicos y trabajadores del INAH, quienes se han inconformado, con justa razón, porque un proyecto de este calado requiere claridad, transparencia y argumentos estadísticos.
Esta historia inició el pasado 12 de junio, cuando el arqueólogo Rogelio Rivero, encargado de la zona arqueológica de Teotihuacan (ZAT), envió un comunicado al personal de custodia con el siguiente mensaje: “Me permito informar que, gracias a la gestión de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, se logró que, a partir del 11 de junio del presente, la GN empiece a coadyuvar con la ZAT para el resguardo y seguridad de la propiedad federal, con especial atención del Circuito Empedrado. Las acciones que se espera (que) realicen son: mantener el orden, (la) seguridad de los visitantes y el resguardo de los bienes culturales. Además de ayudar a restringir las actividades informales que afectan la operación de la zona. También les informo que el personal de la GN tiene el paso franco hacia los estacionamientos de la zona para realizar rondines de seguridad (e) inhibir cualquier situación delictiva y/o irregular”.
Un documento similar circuló ese mismo día en El Tajín, donde la presencia de la Guardia Nacional fue referida como “acompañamiento” para mayor seguridad de las instalaciones, en beneficio de trabajadores y visitantes, cuya vigilancia se extenderá a las cuatro comunidades de su poligonal.
En respuesta, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la SC (SNDTSC) emitió un oficio (el lunes 13) y pidió a Prieto que aclarara la presencia de la GN, así como “el respeto a las facultades técnico-legales del INAH, descritas en su Ley Orgánica y su Reglamento”, y la programación de una Mesa Nacional de Seguridad para revisar el tema. Un mensaje similar remitió a El Tajín y cuestionó por qué se realizan rondines en el sitio abierto al público, en especial en el área de Los Nichos, la Gran Greca y el Edificio 50.
El pasado jueves, investigadores del INAH como Gilberto López y Rivas, Sergio Gómez Chávez y Lina Odena Güemes, entre otros, manifestaron su “más enérgico rechazo y condena a la pretensión del Ejecutivo federal de que la GN lleve a cabo labores de ‘custodia’ en las zonas arqueológicas” y calificaron el acto como “una militarización sin sustento”.
A estas alturas, las dudas prevalecen, así que Diego Prieto deberá aclarar si es legal y oportuno que la GN se instale dentro de los sitios arqueológicos, si el INAH aportará presupuesto para dichos trabajos y si se elaboró algún diagnóstico sobre la inseguridad en estas zonas o un cronograma para cubrir el resto de vestigios. Esperemos que pronto aporte los primeros resultados que justifiquen el sigiloso despliegue y que abunde en cuántos guardias tomaron los diplomados de capacitación, cómo fueron elegidos y por qué ni él ni Alejandra Frausto han abanderado la iniciativa.
Columnista: Juan Carlos TalaveraImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0