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Mayoría calificada, el juego de ajedrez para las reformas constitucionales
HÉCTOR FIGUEROA
Con la presentación esta semana por parte del jefe del Ejecutivo federal de las iniciativas de reforma electoral y para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), nuevamente la mayoría calificada en el Congreso de la Unión se pondrá en juego para aprobar o rechazar dichas enmiendas constitucionales.
El Constituyente Permanente —es decir la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales— ha establecido cláusulas para que los artículos de la Constitución sólo se puedan reformar con el voto de más de dos terceras partes de los legisladores federales y el posterior aval de al menos 17 congresos estatales.
Ello obliga a que el partido en el poder tenga que lograr amplios consensos con la oposición para alcanzar, en cualquier reforma a la Carta Magna, más del 66% de los votos de los diputados y senadores, y tal premisa se había cumplido por más de 18 años consecutivos.
El pasado domingo 17 de abril, la primera reforma constitucional de este segundo tramo del actual sexenio, la reforma eléctrica, fue desechada, al no existir el consenso entre los partidos y por la falta de una comunicación asertiva entre los legisladores.
Al último presidente que se le había rechazado una enmienda constitucional fue Vicente Fox, cuya reforma fiscal en diciembre de 2003 fue desechada al no existir consenso entre las bancadas más grandes en San Lázaro, la del PRI y la del PAN.
En contraste, el presidente que logró los más amplios acuerdos para aprobar sus propuestas de reformas constitucionales en materia energética, educativa, hacendaria, de telecomunicaciones, y laboral, fue Enrique Peña Nieto, a través de la suscripción del Pacto por México en 2012.
En los tres primeros años del actual gobierno, PAN y PRI, la segunda y tercera fuerzas políticas del país, respaldaron las reformas constitucionales del Ejecutivo, para darle a Morena la mayoría calificada en la creación de la Guardia Nacional, en la figura de revocación de mandato, así como para blindar los programas sociales como un derecho constitucional.
MAYORÍA CALIFICADA CON LA 4T
De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Mexicana, para modificarla “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.
Así, para alcanzar esa mayoría calificada, Morena contó, durante los primeros tres años de su gobierno, con el respaldo del PRI o del PAN, o de ambos, para lograr más del 66% de los votos que se requieren en el Congreso de la Unión para aprobar las enmiendas constitucionales.
La primera reforma constitucional del actual sexenio, fue la relativa a la derogación de la reforma educativa del anterior gobierno para revertir, principalmente, sus aspectos “punitivos” en contra de los maestros.
Otras dos reformas constitucionales en el primer año del gobierno del presidente López Obrador fueron la que creó la Guardia Nacional y la relativa a la consulta popular y la revocación de mandato.
La reforma constitucional de la Guardia Nacional la define como una institución policial de carácter civil de la Federación, cuyos fines, además de los estipulados en el párrafo noveno del artículo 21, incluyen la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación, en coordinación y colaboración con las entidades federativas.
El texto constitucional adicionado, en el primer tramo del actual gobierno, dispone que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y ahora se prevé una nueva reforma constitucional para que esta corporación pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De 2018 a la fecha se han reformado 55 artículos constitucionales, inicialmente con el fin de dar sustento, principalmente, a la política social de la 4-T, orientada a ampliar los programas sociales.
Por ejemplo, la reforma que elevó a rango constitucional los programas sociales a favor de los grupos más vulnerables, fue aprobada en el Senado, como cámara revisora, con 121 votos a favor, uno en contra y una abstención.
El dictamen reformó el Artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Creó un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social y tuvo como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.
Estableció, además, que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a adultos mayores de 65 años y más, a menores de 18 años, indígenas, afro-mexicanos, y aquellos en condición de pobreza.
Entre otras reformas a la Carta Magna en el actual sexenio, destaca la del Artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos y la reforma de los artículos 116 y 127 para extender a todos los organismos e instituciones del Estado mexicano la política del presidente López Obrador en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
También está la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales, por la cual se precisan las causas de acusación al presidente de la república durante el tiempo de su encargo, pues, además de la traición a la patria y los delitos graves, se agregan, como causas para enjuiciar al primer mandatario, actos de corrupción y delitos electorales.
La enmienda constitucional sobre la revocación de mandato, aprobada en 2019, estableció que esta figura puede realizarse por una sola vez, dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.
También se aprobó en el primer tramo de este gobierno, la reforma que amplía la llamada paridad de género a las candidaturas para integrar las cámaras de Diputados y Senadores y demás cargos de elección popular y a la titularidad de las secretarías de los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas, así como a la integración del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos.
LAS NUEVAS REFORMAS
El pasado viernes, el senador Ricardo Monreal adelantó que esta semana la Presidencia de la República enviará a la Cámara de Diputados y al Senado dos iniciativas de reforma constitucional, una en materia electoral y otra sobre la Guardia Nacional.
De acuerdo con lo señalado por el presidente Andrés Manuel López, la iniciativa en materia electoral plantearía que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos por el voto directo de todos los ciudadanos, y no como ocurre hasta ahora con el voto de al menos dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
“Les adelanto: voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa, se acabó o espero que se acabe, lo de los acuerdos copulares”, dijo el primer mandatario el 29 de marzo.
La reforma electoral busca modificar el funcionamiento del INE, con el objetivo de hacer menos costosa la democracia en México y replantear el funcionamiento de la autoridad electoral a fin de que no sea un ente autónomo y dependa, o bien del Poder Judicial en su totalidad o del Ejecutivo Federal.
El pasado 5 de febrero en Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a reformar la Constitución a fin de contar con un nuevo órgano electoral que evite el fraude en los comicios.
“Que tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que no haya fraudes, que las elecciones sean limpias, sean libres. No consejeros, magistrados, empleados del presidente o de los partidos, sino autoridades verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad con voluntad, con vocación democrática. Nos podemos poner de acuerdo con eso”, destacó.
La otra iniciativa de reforma constitucional pendiente y que se conocerá esta semana busca que la Guardia Nacional ya no esté adscrita a la SSPC y pase a depender de la Sedena, con lo cual ésta tendría todo el control de la Seguridad Pública, la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional.
“Opinamos que es una institución que nos hace falta a todos, cuando se creó (la Guardia Nacional) se contó con el apoyo de todos los partidos del Congreso, se aprobó por unanimidad, pero tengo la preocupación, pues tenemos que pensar en instituciones que puedan servir, no en un sexenio, no en una década, sino varias décadas; más cuando se trata de la protección del pueblo, de garantizar la paz”, dijo López Obrador en la ceremonia del aniversario de la Constitución.
Mediante esta propuesta de reforma, aseguró el primer mandatario, se busca evitar la decadencia como de la extinta Policía Federal.
REFORMAS FALLIDAS Y AMPLIO CONSENSO
Desde hace 18 años el poder Legislativo no rechazaba una reforma constitucional del presidente en turno, como ocurrió el pasado 17 de abril con la reforma eléctrica.
La última vez que se desechó una enmienda a la Carta Magna propuesta por el Ejecutivo Federal fue en 2003, cuando la Cámara de Diputados no aprobó el proyecto de reforma fiscal del presidente Vicente Fox Quesada.
El proyecto de modificación constitucional, que había sido aprobado en primera instancia por la Comisión de Hacienda de San Lázaro por un estrecho margen, recibió en el Pleno 251 votos en contra y 234 a favor, con cuatro abstenciones.
Una de las propuestas principales de la reforma, diseñada por el PAN y por una facción del PRI, pretendía gravar con el IVA artículos hasta ahora exentos, como colegiaturas en escuelas privadas y transporte público, y establecer un impuesto del 8% a la producción de los artículos ahora exentos del impuesto, como alimentos, medicinas, libros y diarios.
En contraste, en 2012, en el primer mes de su mandato, el expresidente Enrique Peña Nieto y los principales partidos políticos PRI, PAN y PRD, firmaron el Pacto por México, para impulsar lo que se denominó en ese año las “reformas estructurales que requería el país”, mismas que fueron aprobadas en los 20 meses siguientes.
Entre las modificaciones constitucionales que se aprobaron y que han empezado a ser revertidas en la actual administración destacan las reformas en materia educativa, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión.
Asimismo, las reformas hacendaria, laboral y electoral, por la cual se creó el INE en 2014, en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE); y una relativa a transparencia para crear en el mismo año el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (Inai), en lugar del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Los datosEl antecedente
Al último presidente que se le había rechazado una enmienda constitucional fue a Vicente Fox, en 2003.No son mayoría
Actualmente Morena y partidos aliados tienen 278 votos en la Cámara de Diputados; para una reforma constitucional les faltarían 56 votos.Alianzas
Morena contó, durante estos primeros tres años, con el respaldo del PRI o del PAN, o de ambos, para lograr más de 66% de los votos.Contenidos Relacionados: Alistan dos reformas la próxima semana; cambios al INE y Guardia NacionalLópez Obrador enviará reformas electoral y a la Guardia Nacional la próxima semana: MonrealReformas a la Ley Minera alejarán inversión por más de 24 mil mdd