Muristek
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las Fuerzas Armadas de México tendrán otra serie de obras estratégicas a su cargo durante su gobierno, con el objetivo, según dijo, de evitar privatizaciones. La Secretaría de Marina tendrá una empresa para administrar más de mil kilómetros de vías férreas del corredor interoceánico, además de otras rutas en el sureste del país, así como de los desarrollos en Dos Bocas, puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, además de una decena de parques industriales por construir en el corredor del istmo de Tehuantepec.
La Secretaría de la Defensa Nacional se encarga del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, Palenque, Chetumal y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, además de la serie de tareas que se le han encomendado durante esta administración, que van más allá de las relacionadas con la práctica militar y la salvaguarda del territorio y sus intereses.
En ese sentido, veo con preocupación la transferencia sistemática de funciones a las Fuerzas Armadas, particularmente las relacionadas con temas de seguridad pública. Hoy vemos cómo funciones que corresponden a las autoridades civiles, que no están enfocadas en aspectos de seguridad nacional, trascienden tópicos relacionados con la seguridad pública, como lo son comunicaciones y transportes, comercio aduanero, infraestructura estratégica, distribución de bienes públicos y campañas de vacunación.
Si bien esta transferencia hacia las empresas militares en nuestro país no es un tema reciente, la realidad es que durante este sexenio se han multiplicado, ocasionando un desbalance en la responsabilización de obligaciones y la desprofesionalización de los funcionarios públicos no vinculados con el Ejército, de ese gobierno civil del que hoy tanto se desconfía, a pesar de las promesas incumplidas de combate a la corrupción e impunidad, las cuales supuestamente terminarían como parte de la Cuarta Transformación de México.
No se trata de un tema menor, hoy las fuerzas castrenses cuentan con la autoridad, los recursos y el personal para llevar a cabo la administración de facto de actividades esenciales, civiles y de seguridad nacional, sin que existan contrapesos reales que puedan contrarrestar el poder político y militar que están acumulando en la actualidad. Si en algún momento se desea regresar a la autoridad civil, la serie de obligaciones otorgadas constitucionalmente, el engranaje tendría que revertirse y con ello, durante el proceso, habría una reconfiguración de capacidades que tendrían que asimilarse, siempre y cuando así lo considere el Ejército y sus mandos.
Otro de los temas que no se considera es el desbalance presupuestal que se está ocasionando al ejecutar esta estrategia. Con cerca de 240 mil efectivos, las Fuerzas Armadas son uno de los entes gubernamentales más grandes del país. Por cierto, no sólo en México está ocurriendo este fenómeno, la militarización en América Latina se ha venido acrecentando en los últimos años debido a la extrapolación de las grandes carencias regionales por el efecto negativo transversal que la pandemia por covid-19 ha generado en la región. Ante el descontento social, las fuerzas del Estado son las que se han ido encargando de invisibilizar el clamor social.
En nuestro país nos encontramos en la disyuntiva de militarizar el mando civil como lo sustentan las leyes o entregar las riendas de un Estado con severas crisis sociales, políticas y económicas.
Columnista: Azul EtcheverryImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0