Muristek
Como he señalado en múltiples ocasiones, soy un convencido de que una de las primeras obligaciones del Estado para con sus ciudadanos es brindar seguridad. Las democracias avanzadas se caracterizan por la seguridad jurídica, que consiste, en pocas palabras, en que el que la hace la paga; es decir, no hay impunidad.
Existe prácticamente plena certeza entre los gobernados respecto a que, si alguien comete actos ilegales, tendrá que responder a la sociedad y, con mucha probabilidad, cumplirá el castigo marcado por la legislación.
El gobierno federal actual en México presentó como uno de sus postulados de campaña terminar con una actitud represora de las administraciones previas, porque, evidentemente, la represión no conduce a abatir los niveles de impunidad, hecho con el que estoy esencialmente de acuerdo, pero la alternativa transita (yo creo sin ser experto) por un nuevo diseño institucional que permita perseguir a los delincuentes con nuevos enfoques, e ilusamente supuse que sería con un enfoque de policía científica, como ocurre en Europa o los Estados Unidos.
El encontronazo con la realidad ha sido brutal, simplemente se les brindó orientación a los policías en temas de derechos humanos y se abandonaron las acciones contra la delincuencia organizada.
Han sido anecdóticos o casuales los hechos en los que se detiene a personas que han cometido ilícitos o se encuentran víctimas de desaparición, las cifras son escalofriantes, especialmente si nos detenemos en el número de feminicidios.
Hoy, en México, se asesina impunemente a 11 mujeres cada día con una lamentable falta de acción del gobierno federal en connivencia con los locales. Lo que parece un artero crimen sobre una niña ocurrido en los días pasados ha enardecido a México, entre otras cosas, por el grito de desesperación de su padre reclamando a los altos mandos policíacos que estuvieron dos semanas prácticamente encima del cadáver de su hijita sin “encontrarlo”.
La respuesta, que parece lógica, fue de algún político local afirmando que fue algo así como un error multitudinario, sin percatarse de que eso lo abarca a él mismo, al gobernador estatal y al jefe del Ejecutivo federal.
Existen dos formas, según la legislación mexicana, mediante las cuales una persona puede convertirse en cómplice de un delito, una es por acción, es decir cuando la persona tiene conductas que refuerzan o ayudan al delincuente principal y la otra es por omisión como, por ejemplo, quien atestigua un delito y no denuncia.
La carencia total de respuesta por parte del Ejecutivo federal, bajo el pretexto de que no quiere “reprimir”, se está convirtiendo en una complicidad expresa con los feminicidas, que, por supuesto, no actúan como grupo, sino simplemente bajo la premisa de que, en caso que alguien quiera matar a una mujer, tiene prácticamente la certeza de que no le pasará nada.
Es decir, se trata de un gobierno que, por carecer de la más elemental estrategia, movido por el miedo a ser considerado represor, ha dejado el camino libre a la comisión de toda clase de ilícitos, especialmente los cometidos en contra de las mujeres.
Las preocupaciones de los actuales gobernantes giran en torno a acusar de delincuentes (por supuesto, sin presentar pruebas) a un grupo de legisladores antagónicos, mientras nos dejan a la ciudadanía en el abandono total, para defendernos como podamos de las fuerzas del crimen. Para todo efecto, México es hoy un Estado fallido.
Columnista: Raymundo Canales de la FuenteImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0