Muristek
Es común identificar notas informativas sobre comunicados emitidos por las autoridades de Estados Unidos, en los que se alerta a su población sobre los riesgos por viajar a México, particularmente asociados a la violencia generada por el crimen organizado. Sin embargo, pareciera que en el caso de la violencia en su país, no existen las providencias correspondientes.
En lo que va del año, la población civil estadunidense ha sufrido más de 214 tiroteos masivos y han muerto por diversas causas violentas asociadas a las armas 17 mil 428 personas, según Gun Violence Archive. Desde luego, la solución no está en las alertas, sino en las causas que han de atacarse.
La posesión de armas en Estados Unidos está asociada al contenido constitucional que les otorga la famosa Segunda Enmienda. La ciudadanía tiene el derecho de poseer y comprar armas para su defensa, lo que ha posibilitado que la industria y el comercio asociado a esta actividad se fortalezca. Sólo en 2020 se produjeron más de 11 millones de armas para su venta comercial, incrementándose su producción e importación en 350% respecto de 2010, según datos de la Agencia Estadunidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, esto sin contar el número de armerías que se contabilizan por miles.
Las causas y soluciones de este tipo de violencia indiscriminada parecieran claras, sin embargo, para los estadunidenses representa un paso difícil de dar. La lucha política entre demócratas y republicanos, más en época electoral, impide que verdaderamente se asuma una decisión de fondo, por eso el debate se centra en legitimidad de la ley. El paso que se debe dar es igualmente histórico al que se dio en la formulación de la Segunda Enmienda.
Mientras se toman estas decisiones de fondo, los estadunidenses requieren implementar acciones urgentes como lo plantea el presidente Biden; no puede permitirse una nueva masacre. El camino ya lo tienen andado, el derecho a la venta de armas en Estados Unidos tiene limitaciones, que se materializan en controles y restricciones. Éstas son las que deben revisarse.
Ejemplo de ello son los fusiles de asalto, éstos se diseñaron para el ataque, no para la autodefensa, que es lo que tutela la Segunda Enmienda. Su poder destructor es de carácter bélico, por eso, no deben tener acceso a ellos los ciudadanos y mucho menos los menores, como sucedió en el reciente caso de Uvalde, Texas. Es un error de política pública.
Para México esta problemática no le es ajena. Es de todos conocida nuestra postura de reprobación de la política comercial y armamentista de EU, incluso las recientes demandas interpuestas por la cancillería dan cuenta de ello. El propio subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de Estados Unidos, Todd Robinson, reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en el tráfico de armas y dinero que pasa por la frontera.
Las decisiones que tome la Unión Americana sobre el uso y comercialización de las armas, nos deben importar y ocupar. La violencia en México y el poder bélico de los cárteles del narcotráfico pasan por ese rasero. Requerimos fortalecer la cooperación bilateral con nuestros vecinos. La política armamentista estadunidense y mexicana debe guardar congruencia entre sí, requieren simetría e integralidad. La falta de este entendimiento se constituye en el arma mortal que aniquilaría a nuestras naciones.
Columnista: Miguel González CánudasImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0