Muristek
El pasado 17 de mayo, el World Justice Project presentó su informe sobre el Estado de derecho en México, la organización de origen estadunidense que desde el año 2006 elabora un análisis anual de los gobiernos del mundo basado en los siguientes ocho aspectos a tomar en cuenta para su evaluación: la limitación de los poderes del gobierno; ausencia de corrupción; orden y seguridad; derechos fundamentales; gobierno abierto; aplicación de la normativa; justicia civil y justicia penal; siendo la única organización dedicada a este tema en particular, y a quien se le otorga el beneficio de la duda al no poder compulsarla con alguna otra, y en donde nuestro país y sus entidades federativas aparecen, según sus variables, sin alcanzar un grado aprobatorio mínimo como un lugar donde se aplique el Estado de derecho, es decir, con una calificación reprobatoria.
Uno de los ejes primordiales, por encima de los siete restantes que le preocupa a la ciudadanía, coincide con la encuesta emitida por el Inegi, donde, a nivel nacional, más allá de la economía y la corrupción, a la gente le preocupa la inseguridad, la violencia y la falta de justicia.
Ahora bien, tomando en consideración las 100 ciudades más importantes del país, considerando el índice criminal vs. el de pobreza, nos encontramos con que el aspecto de impunidad está íntimamente ligado a la desigualdad y a la marginación.
Los lugares más criminógenos son los que peor calificación obtuvieron en el análisis del World Project Justice, y esto no es el resultado de los últimos tres años de gobierno, sino la suma de décadas de ausencia en el fortalecimiento de la cultura de legalidad y de las instituciones encargadas de impartir justicia, sólo por mencionar la materia penal, pero si nos referimos a la civil, mercantil, familiar, agraria, administrativa, entre otras, el rezago en la aplicación de éstas también es alarmante.
De ahí la sobrepoblación penitenciaria con miles de personas privadas de su libertad (PPL) sin sentencias y otras tantas condenadas con procedimientos viciados y violatorios a sus derechos humanos; décadas de procesos en litigio; carpetas de investigación inacabadas y otros miles en calidad de víctimas y/o individuos esperando la reparación.
La impunidad es madre de la corrupción; una forma de impunidad es el tráfico de armas, miles de ellas que se trafican en la frontera norte del país, otras más por Centroamérica, y el resultado es el cúmulo de homicidios que a diario ocurren en nuestra patria.
La comercialización lícita de armas en México tiene un control extraordinario por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el mercado negro involucra armas elaboradas en nuestro país vecino, allá donde la semana pasada asesinaron 19 niños y 2 adultos, en su mayoría de origen mexicano. La violencia, en el caso de EU, y la discriminación se fusionan en una mezcla fatal.
La impunidad encuentra un clima favorable en nuestra patria, pero no es responsabilidad sólo del Poder Ejecutivo abatir la misma, debe intervenir un Poder Legislativo de avanzada y un Poder Judicial atento de los litigios y sus interesados. Esta información comúnmente se usa para el golpeteo político, pero es algo que nos debería preocupar y ocupar a la nación entera, sin expiar culpas.
Columnista: Ricardo Peralta SaucedoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0