Muristek
En julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que con la inseguridad no habría Cuarta Transformación. “Si no terminamos de pacificar a México, por más que hagamos, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, dijo en una conferencia de prensa.
En la mañanera del pasado 19 de abril, el mandatario volvió a aceptar que la inseguridad es uno de los mayores problemas que enfrenta su administración. “La seguridad es fundamental para vivir en paz, sin ella no es posible nada. Mientras persista (la inseguridad) no se podrá avanzar en lo económico, incluso en lo social. Si no hay paz, no hay tranquilidad”, subrayó.
Si bien debemos reconocer el valor del Presidente al aceptar que los actos de violencia continúan, también se debe aceptar que estos no iniciaron en su gobierno y que provienen de sexenios atrás y que el flagelo se ha ido enquistando en México por distintos factores, amén de que será muy difícil de erradicar.
López Obrador sabe que su obligación es bajar los niveles de violencia para acreditar su gobierno y, con ello, lograr la aceptación de millones de escépticos que giran en torno a la estrategia de “abrazos, no balazos”.
También a su favor está que, en esta lucha, que no guerra, los gobiernos de los estados han evadido su responsabilidad y dejado solo al Presidente, a las FA y a la GN, escudándose en la falta de presupuesto. Hoy, tan sólo en seis entidades se concentra el 50% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Michoacán, Edomex, BC, Jalisco y Sonora. No obstante, en las 32 entidades se registran 82 homicidios diariamente, de ahí que el trabajo no sólo sea del gobierno central, sino que debe existir la participación activa de los estados.
López Obrador ha reconocido que falta mucho para llegar a la meta, más aún si su intención es dejar a su sucesor un país pacificado. El camino, como dice, es largo y el tiempo es menor. Las cifras del sexenio de Enrique Peña Nieto, en cuanto a homicidios dolosos, parece aplicarle otra presión. Hoy existe un registro de más de 120 mil víctimas, mientras que en el de su antecesor se contabilizaron 156 mil.
Lo que dijo el Presidente en 2021 parece darle la razón. “Con inseguridad no habrá Cuarta Transformación”.
Por otra parte. El gobierno federal confirmó la disolución de una de las Unidades de Investigaciones Especiales de la DEA, al considerar que había infiltrados. Se trataba de una selecta unidad antinarcóticos que trabajó desde 1997 con México. Compartía excelente información. Ahora se pone en riesgo la relación y la cooperación entre ambos países.
A dos años de ser tomadas las instalaciones de la CNDH, fueron desalojadas y detenidas tres mujeres por el grupo femenino Atenea, de la SSC-CDMX.
Una estrella más a la Sedena. En coordinación con la GN y la FGR, detuvo a Juan Miguel “N”, El Johnny, uno de los más importantes capos que operan en Michoacán, Morelos, Puebla y el Edomex.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, abrió otro flanco para AMLO. Impuso la inspección a camiones que provocó la pérdida de 600 mdp en un solo día; culpó a México de no frenar la migración y encabezó a 26 gobernadores para prohibir a sus compatriotas transitar por carreteras mexicanas por la inseguridad. AMLO respondió diciendo que lo que busca es la Casa Blanca. Se tensa la relación con esa guerra de palabras.
DE IMAGINARIA
El caso Julio Scherer y Gertz Manero fue enfriado por el Presidente. Hubo pacto de no agresión contra el exconsejero jurídico ni contra sus abogados.
Los opinólogos dicen que el ministro Arturo Zaldívar sustituirá a Gertz en la FGR, pero no hay indicios desde Palacio Nacional, todo lo contrario.
La Sedena recibió un presupuesto especial de 300 millones de pesos para programas de equinoterapia en beneficio de la población civil.
Columnista: Miguel Ángel Godínez GarcíaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0