Muristek
Por Fernando Aguirre
Lo que parecía un proceso judicial entre particulares viene a tomar otra dimensión luego de que en los últimos días se expusiera mediáticamente a la opinión pública, incluso ameritó ser una pregunta —claramente sembrada— durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, sobre lo que acontece en la Fundación Manuel Rozada Cuéllar, una de las asociaciones protectoras de perros y gatos más importantes en América Latina.
Está claro que detrás de esta disputa legal están en juego intereses económicos de por medio de quienes codician lo ajeno, y que le corresponde, ni más ni menos, que a los más de 2 mil perros y 50 gatos que actualmente se encuentran en los albergues de la asociación.
Don Manuel Rozada Cuéllar, conocido como el Papá de los perros, dedicó los últimos 36 años de su vida al cuidado y protección de miles de perros en situación de abandono o desamparo en la Ciudad de México. Su compromiso lo llevó a establecer tres albergues en el Estado de México, en donde se han llegado a alojar para su cuidado y manutención hasta más de 5 mil perros.
Tras un primer intento de despojo de sus bienes por su sobrino Carlos Roldán, don Manuel Rozada logró, aún en vida, consolidar su sueño y crear su Fundación Manuel Rozada Cuéllar en la que incluyó como vicepresidenta a su sobrina María de Lourdes Rozada Morales y como tesorero al abogado Enrique Burgos Ordoñez. Estipulando, además, que, al morir, todos sus bienes, propiedades y recursos serían heredados a su asociación para continuar con la protección y bienestar de sus amados perros.
Después de su muerte en 2013, los bienes, que incluyen varios locales comerciales e inmuebles en zonas de Polanco, Roma y el Centro Histórico en la CDMX, así como los predios donde se encuentran actualmente los albergues, debieron haberse traspasado a la asociación como la heredera universal.
Pero lo anterior no lo hizo quien fuera el también albacea testamentario, Enrique Burgos, detalla María de Lourdes Rozada. “Sólo se dedicó a darle largas al asunto, no pagar prediales e impuestos de las propiedades de mi tío, poniendo en riesgo sus bienes, al grado que han llegado exhortos por falta de pago, por su irresponsabilidad en la administración”, expresó.
En octubre de 2020, el también compadre de Rozada Morales, le informó que “ya no había dinero para la comida de los perros”, dejándolos a su suerte varios meses sin darles un centavo para alimentos y pago de sueldos de los trabajadores, lo que provocó la muerte de 200 caninos por falta de insumos necesarios para su atención.
A raíz de ello, en abril 2021 se emprendieron acciones legales contra el abogado quien, para los familiares de don Manuel, incumplió sus responsabilidades como albacea y administrador, y con total abuso de confianza intenta quedarse con las propiedades y lo que menos le interesa son los perros, pues “nunca ha ido a pararse siquiera a un albergue”.
Entre los dimes y diretes entre ambas partes, el abogado Enrique Burgos, quien intenta a toda costa ser reinstalado como representante legal de la asociación, señala que, gracias a los nexos de María de Lourdes Rozada con algunos miembros del PAN y jueces, se han cometido actos “ilegales” en perjuicio de la asociación. Un señalamiento que no se entiende cuando para nadie es un secreto la relación de Burgos con algunos panistas, ya que inclusive varias de sus propiedades sirvieron de casas de campaña para las candidaturas presidenciales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota.
El tema escaló a la mañanera, el Presidente dio la instrucción a su secretario de Gobernación para intermediar entre las partes. Será bueno que autoridades de la Ciudad de México, Estado de México y el Poder Judicial den una solución expedita al tema, donde prevalezca la legalidad y respeto al deseo póstumo de don Manuel Rozada Cuéllar, porque, hoy en día, los dignos herederos de esta fortuna no tienen ni para comer.
Columnista: Columnista Invitado NacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0