Muristek
Por Gabriela López Gómez*
Querétaro es el estado con la mejor evaluación en el índice de Estado de derecho de The World Justice Project, presentado hace apenas unos días.
No hay nada que celebrar. Querétaro es el mejor con una calificación de 0.49 en una escala de 0 al 1.
En conclusiones de The World Justice Project, el Estado de derecho tuvo un estancamiento en esta cuarta edición, al medir límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El índice no mide al gobierno federal, sino a las condiciones de los 32 estados de la nación en su individualidad.
Estamos ante una problemática que rebasa nuestra capacidad de comprensión. El Estado mexicano carece de las bases institucionales para responder a las problemáticas de la actualidad.
El problema es tan grave que las instituciones públicas se están concentrando en tratar de reparar el daño a las víctimas y hasta esa tarea, es evidente, la están haciendo bastante mal.
Si tomamos como ejemplo a nuestras leyes relacionadas a castigar el tema del feminicidio, vemos que el Código Penal Federal tipifica en su artículo 325 el delito de feminicidio y claramente establece las circunstancias por las que se considera que existen razones de género en la privación de la vida de una mujer.
Sin embargo, hay ciertas diferencias en cómo cada estado tipifica jurídicamente el feminicidio y cómo castiga a los delincuentes. Por ejemplo, Michoacán, aunque tipifica el feminicidio, lo define como homicidio doloso de una mujer, pero sin considerar las razones de género, siempre y cuando concurran algunas de las circunstancias establecidas en el Código.
En cuanto a las sanciones, el Código Penal Federal estipula que las penas mínimas y máximas por el delito de feminicidio son de 40 a 60 años, las cuales se encuentran vigentes en ciertos estados del país. Hay otras entidades, como Aguascalientes, donde las sanciones son más severas para los sujetos activos de feminicidio, si es que la víctima es menor de edad. Pero también hay estados con la pena mínima de 20 años como Zacatecas.
Esto se convierte en un gran obstáculo en el camino hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y más aún, cuando nos enfrentamos a que en muy pocas legislaciones se considera el delito de feminicidio cuando la víctima es menor de edad. A pesar de que una de cada 10 víctimas de feminicidios en México son niñas y adolescentes menores de 17 años.
Por ello, en la Comisión Especial para la Atención del feminicidio de Niñas y Adolescentes que presido en el Senado, lo primero que buscamos es promover la homologación del marco jurídico federal en las 32 entidades federativas para alinear todos los tipos de violencia contra las mujeres, contemplados tanto en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como en el Código Penal Federal.
También impulsamos los mecanismos de coordinación con los actores responsables para estandarizar los lineamientos y protocolos de actuación de las instituciones. Para que todos los involucrados tengan la capacidad legal y el nivel de profesionalización necesaria para atender el llamado de ayuda o auxilio de una mujer o de una niña.
Y, por último, trabajamos para contribuir en la revisión de normas, programas y protocolos de actuación desde una perspectiva de género, atendiendo al interés superior de la niñez, así como a su derecho a una vida libre de violencia.
Estoy segura de que tenemos el poder de generar el cambio, pero las cosas no cambian solas con el tiempo. En lo que nos ocupa, son las leyes y la educación de nuestra sociedad las que debe cambiar para que las cosas cambien.
Si consideras que puedes aportar en este trabajo que estoy encabezando, por favor, envíame un correo electrónico a gabriela.lopez@senado.gob.mx.
* Senadora de la República.
Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0