Muristek
Ivonne Melgar
En las historias de los matrimonios forzados hay niñas que son víctimas de situaciones de violencia física, verbal y sexual por parte de las personas a las que son entregadas, afirmó Miguel Ángel Ortiz, abogado constitucionalista de la firma Cuatrecasas
Explicó que esa violencia que se ejerce diariamente consiste en violaciones sexuales, maltrato físico y sicológico y condiciones no óptimas de salud y alimentación.
Detrás de los matrimonios forzados en la zona de la Montaña, en Guerrero, se esconde una realidad dolorosa por la ausencia de diagnóstico, censos de víctimas, medidas de protección y de defensa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, cuestionó el especialista, quien en 2021 interpuso un amparo en contra de autoridades estatales y federales por no atender esta problemática.
En entrevista, el abogado Ortiz detalló que en las diversas acciones legales que ha llevado a cabo por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil ha quedado de manifiesto que las víctimas tienen entre 10 y 14 años de edad.
Las niñas son sometidas a trabajos forzados, obligadas a tareas en el campo con horarios y cargas extenuantes, caracterizó.
Lamentó que pese a las solicitudes formales que se han presentado, las autoridades investigadoras han omitido acudir a la región de la Montaña para realizar un censo de víctimas, inhibir el aumento de los delitos de trata, establecer una línea de contacto para recibir denuncias, abrir carpetas de
investigación e implementar medidas de protección inmediatas.
Dijo que han confirmado la nula coordinación entre autoridades federales y locales en materia de educación, seguridad social, salud y justicia para afrontar esta problemática y “concientizar a la población de la Montaña respecto al carácter delictivo de los matrimonios forzados y a las víctimas respecto a los canales de denuncia y protección”.
Cuestionó el abogado Ortiz el hecho de que el gobierno federal ha invitado a las víctimas a denunciar. “Esto entraña un desconocimiento de la realidad en la zona de la Montaña, puesto que las niñas entre 10 y 14 años víctimas de matrimonios forzados se encuentran imposibilitadas para presentar una denuncia, las menores se encuentran privadas de su libertad por lo cual exigir su querella resulta inconstitucional si la propia Ley habilita a las autoridades a iniciar de oficio las investigaciones”.
Planteó que, además, “las víctimas no cuentan con la noción siquiera de su carácter de víctima y no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a una agencia del ministerio público y presentar su denuncia”.
Pese a las denuncias y los casos de escándalo que se dieron a conocer en 2021, reseñó que las autoridades se han abstenido de iniciar carpetas de investigación de oficio, como lo exige el artículo 7 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
Existen menos de 5 denuncias abiertas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero en materia de trata de personas que se encuentran en curso, de las cuales ninguna ha sido iniciada de oficio y no se encuentran documentadas medidas de protección, reparación y no repetición para las víctimas”, informó.
Igualmente consideró preocupante que el Congreso Federal no haya actualizado de forma expedita la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas, a fin de incluir agravantes, obligación de censo de víctimas y acceder a fondos que garanticen la reparación de los daños físicos y emocionales, así mismo, la no repetición en favor de las víctimas.
Hoy existe un incumplimiento del Estado a los tratados internacionales en materia de combate y prevención de la trata de personas, en particular a la obligación que exista una Unidad de Gobierno que concentre toda la información y acciones generadas en materia de trata de personas de conformidad con la Convención Internacional para la supresión de la Trata de Mujeres y de Menores firmada en Ginebra”, planteó.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el diagnóstico en materia de Trata de Personas para el ejercicio 2021. Sin embargo, enfatizó, “ha omitido pronunciar una recomendación obligatoria y vinculante a las autoridades para aplicar medidas de protección inmediatas en favor de las víctimas de trata”.
Se espera que la próxima semana en la Cámara de Diputados se apruebe una reforma que establecería la responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención de los matrimonios infantiles.
«pdg»
Contenidos Relacionados: Edomex trabaja en diferentes líneas de acción para prevenir la violencia de géneroCapacitan en Derechos Humanos a policías de Miguel HidalgoAriadna Montiel encabeza reunión para atender informe ante la ONU de derechos humanos en MéxicoPoderes de la Unión atienden informe sobre derechos de las personas con discapacidadExcluyen a socios del Cruz Azul de sus derechos por robo, desvío de recursos y despojo ¿Quién fue Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la defensa de los derechos humanos?