Muristek
Por Jaime Rivera Velázquez
En los últimos años y en muchos países se habla de los beneficios que puede dar a las elecciones adoptar medios electrónicos para ejercer el voto. El avance tecnológico ha cambiado tanto nuestra forma de vida, que parece natural aprovecharlo también en procesos que involucran a millones de personas y que tienen grandes consecuencias para la vida pública. La experiencia internacional es variada y promisoria, aunque no carente de impedimentos y fracasos.
Deben distinguirse dos tipos del llamado “voto electrónico”. Por un lado, los dispositivos electrónicos instalados en casillas o mesas de votación donde los ciudadanos emiten el sufragio. Aunque los modelos de tales artefactos pueden variar mucho entre sí, por economía de lenguaje, podemos llamarles genéricamente “urnas electrónicas”. El voto en urna electrónica se lleva a cabo en un entorno cuidado por ciudadanos funcionarios autorizados, que garantiza el sufragio libre y secreto. Por otro lado, hay sistemas digitales que permiten al votante ejercer el sufragio a distancia, desde cualquier computadora o dispositivo móvil, y transmitirlo por internet a algún centro donde los votos se computan automáticamente.
Desde un punto de vista puramente técnico, ambas modalidades de voto ofrecen beneficios de comodidad para los electores, seguridad de la integridad de la votación y rapidez de resultados. Sin embargo, la forma de votar no es una cuestión meramente técnica y operativa; hay que valorarla también desde el punto de vista de su accesibilidad, confiabilidad y legitimidad.
En México, en años recientes se han utilizado diversos dispositivos electrónicos para votar. Primero, en Coahuila, Jalisco y la CDMX, con modelos de urna electrónica desarrollados por los respectivos institutos electorales locales o por terceros. En todos los casos los resultados han sido satisfactorios. Poco después, el IFE creó urnas electrónicas que se han utilizado profusamente en escuelas y sindicatos. En 2020, el INE implementó en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo una prueba piloto de urnas electrónicas con votos vinculantes en una limitada cantidad de casillas y los resultados fueron muy buenos. También en las elecciones de 2021 se emplearon 100 urnas electrónicas en Jalisco y Coahuila.
De esas experiencias pueden sacarse algunas conclusiones: la votación fue accesible y cómoda para los ciudadanos, aun en distintos ámbitos socioculturales; la recepción y el cómputo de votos tuvieron integridad probada; la emisión de resultados fue inmediata y exacta; ahorró a los funcionarios de casilla horas de trabajo que usualmente se requieren para escrutar y contar los votos y llenar las actas. Éstas son ventajas indudables con respecto al voto tradicional en boletas de papel y conteo manual. Sin embargo, las urnas electrónicas están muy lejos de traducirse en un ahorro. Sus costos de fabricación, programación, auditoría informática y operación todavía superan por mucho el costo conjunto de las urnas, boletas y actas tradicionales.
El voto por internet tiene condiciones diferentes. La primera experiencia exitosa fue la del IEDF, implementado sólo para votantes residentes en el extranjero. El sistema funcionó razonablemente bien, pero los votos recibidos fueron muy pocos. La reforma electoral de 2014 facultó al INE a implementar el voto de mexicanos residentes en el extranjero vía internet, además de mantener la opción de voto postal. En 2018 no pudo ponerse en práctica, por no disponer de tiempo para las auditorías externas de sistemas ordenadas por la ley. En las elecciones de 2021, el INE ejecutó el voto desde el extranjero para nueve gubernaturas y dos diputados migrantes, con mucha eficacia e integridad, aunque todavía con una votación relativamente baja: 12 mil 429 por internet y 5 mil 624 por correo.
El voto por internet tiene la ventaja de facilitar al ciudadano su ejercicio (a condición de que esté familiarizado con la tecnología), pero tiene en su contra dos grandes problemas: uno, el elevado costo del sistema cibernético, que debe ser muy robusto y seguro para blindarlo ante cualquier intento de hackeo; dos, que no puede garantizar por sí mismo el secreto del voto ni su libertad. Este inconveniente no tiene un impacto mayor en la votación desde el extranjero, por su bajo número y porque en el extranjero los mecanismos corporativos y clientelares no operan igual que en México.
En la eventualidad de establecer el voto por internet dentro del territorio nacional, pensemos que un líder sindical, un cacique rural o un empleado de gobierno que maneja programas sociales reúne a sus representados o beneficiarios para instruirlos cómo votar por medio de su teléfono. Con paciencia y ojo vigilante, el instructor se asegura que sus subordinados o clientes voten “correctamente”. No se requiere mucha malicia para inferir que ese voto estará coaccionado o inducido por intermediarios. Y si esos mecanismos de coacción son proporcionales a la extensión del corporativismo social o del clientelismo gubernamental, la afectación al voto libre podría ser determinante del resultado electoral.
Es comprensible que la posibilidad de coaccionar el voto disminuye mucho cuando los ciudadanos acuden a una casilla, con funcionarios de mesa seleccionados por sorteo, capacitados para cuidar la integridad de la votación, y cada elector puede votar en secreto. Desde este punto de vista, el voto tradicional en papel y casilla será más democrático que el voto por internet, aunque éste sea más moderno.
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