Muristek
HILDA CASTELLANOS-LANZARIN
CIUDAD DE MÉXICO. Historias de todos los días; miles de mujeres víctimas de su exesposo o expareja, que a través de sus hijos, buscan dañarlas. La primera fase es ponerlas en contra, aplicar la alienación parental, para luego quitárselos, muchas veces “torciendo la justicia” o literalmente secuestrando a los hijos, para evitar que vuelvan a verlos, sabiendo que es un golpe del que una madre no se recupera jamás.
Este tipo de violencia tiene un nombre: violencia vicaria, la más cruel de las violencias de género que viven a diario miles de mujeres en el país, misma que hay que dejar de normalizar, demandan diversos colectivos que impulsan la Ley contra la Violencia Vicaria en México.
El pasado 31 de marzo, Zacatecas se convirtió en el primer estado del país en aprobar la tipificación de este tipo de violencia en su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de sus códigos locales familiar y penal. Las sanciones irán desde las limitaciones en la guarda custodia o la convivencia con los menores, e incluso el castigo con cárcel, con privación de la libertad.
El segundo estado en aprobar la incorporación de la violencia vicaria a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal fue el Congreso del Estado de México en abril pasado. En Hidalgo, el Congreso local hizo lo propio, el siguiente mes de mayo.
En la Ciudad de México, el Frente Nacional Mujeres MX trabaja junto con la Secretaría de la Mujer del Gobierno capitalino, en el impulso a la Ley Vicaria que busca se extienda en todo el país.
De manera directa, la Secretaría de Seguridad y Confianza Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el 23 de mayo pasado, que se asignarán 109 policías capacitados en atención a víctimas y perspectiva de género, a los 15 sectores con más llamadas al 911 por este tipo de incidentes.
El término “violencia vicaria” lo acuñó la sicóloga clínica y feminista argentina Sonia Vaccaro, en 2012. España se convirtió en el primer país del mundo en incluir este delito en su Ley de Género, hace siete años.
VIOLENTADORES VS VIOLENTADAS
Cooptar al sistema judicial lleva tiempo y dinero, “pero se da en todos los sectores. Hay jueces que reciben millones y quienes por 500 pesos se ponen del lado del violentador”. Según la Encuesta Nacional a Víctimas, en su segunda entrega, a mayo de 2022, elaborada por la empresa Altermind, para el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, las diferencias entre la situación actual de la víctima y el agresor, en cuanto a los recursos financieros, legales e institucionales, son abismales.
En la sección de Situación Actual, la encuesta arroja que las víctimas no generan recursos propios para mantenerse, además de que, 34% requiere apoyo económico, ya que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos.
Mientras que 9 de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de la víctima y/o recursos que favorecen los fallos a su favor. Estas son: tráfico de influencias (58%); alargamiento del proceso legal, 67%; y económico, 81 por ciento.
Las mujeres violentadas, llegan a perder incluso el empleo, si es que lo tienen, ya que deben invertir hasta 15 horas al día, para enfrentar los procesos en su contra, puesto que 9 de cada 10 agresores iniciaron trámites legales contra las víctimas.
El proceso y la desesperación de no tener a sus hijos lleva a las víctimas de violencia vicaria a sufrir afecciones que van desde la emocional, económica, sicológica y física, apoyados en los abusos, principalmente de su familia nuclear (padre/madre), y de sus parejas actuales.
El 89% de las entrevistadas declaran sufrir daños sicoemocionales, en el que, 60% de ellas declara padecer miedo, y 23% haya intentado suicidarse.
Es claro que la violencia vicaria es asesina”, afirmó Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.
En México hay 34.7 millones de hogares, de los cuáles 28.7% son encabezados por mujeres y durante 2021 (enero-septiembre) se registró violencia familiar en 1.4 millones de hogares. Del total de casos registrados, 40% es emocional; 21%, económica-patrimonial; 18%, física, y 6.5%, sexual.
De los 43.5 millones de mujeres de más de 15 años que tiene el país, 22.5% reporta sufrir violencia por parte de sus parejas.
UNA CONSTANTE
Actualmente, el FNVV apoya a cerca de 900 mujeres que padecen el secuestro de sus hijos por parte de sus progenitores. Se trata de mujeres que, como Elisa, Lisi, Célis, arquitecta de profesión, se hayan visto obligadas a “aprender derecho” para, por sus propios medios, enfrentar “la red de corrupción” que tejen los progenitores de sus hijos, entre ellos, su expareja, Diego Romo González, heredero de Tequila Herradura, en Jalisco.
Aplica la violencia machista, más la violencia institucional”, fórmula de la violencia vicaria, señala. Lisi, desde hace dos años no está con sus hijos, ahora de 14 y 16 años de edad.
Durante años padecí violencia. Desde golpes hasta la amenaza de darme en don- de más me iba a doler, me decía el padre de mis hijos.
Nunca creí que lo haría. Que me llevaría a vivir el infierno en vida”, narra al indicar que hasta que expuso su caso en redes sociales empezó a darse cuenta de que lo que vivía, lo padecían miles de mujeres.
Mi dolor tenía un nombre: violencia vicaria, que va aparejada con la violencia institucional, que ejercen ministerios públicos, jueces de lo familiar y hasta magistrados, quienes, muchas veces, sin revisar los casos, “conceden la guarda custodia a padres que han sido denunciados de violencia familiar”.
Esa violencia obligó a Lisi a aprender leyes.
Defenderme sola, leer resoluciones judiciales y entenderlas para exigir me devuelvan a mis hijos. Viven prácticamente secuestrados por su progenitor, los ha llevado a padecer hambre y mendigar. Por lastimarme a mí, los lesiona a ellos”, dice.
A la fecha “se ha incumplido con la judicialización de las carpetas de denuncia”, además, tienen más de 30 desacatos a nivel estatal y federal.
En Chihuahua, Mirna Artalejo Aragón, enfrenta violencia de su exmarido, Armando Flores Silva, quien trabajó durante 36 años en el gobierno estatal, y 15 años, en la Fiscalía estatal.
A pesar de que en 2019 fue vinculado por violencia familiar, causa penal 1786-2021, expediente de violencia familiar en el CJUM (fiscalía) 2019-23195 el MP, “llevó a los juzgados a mis hijos.
Siempre me dijo que me iba a meter en la cárcel con todo y mis hijos, que él tenía mucho poder, que en los juzgados ‘se la íbamos a pelar’, amenaza que ha cumplido, afirma y que le ha sido imposible judicializar las demandas en su contra, porque tiene un hermano exmagistrado José Carlos Flores Silva; un sobrino juez penal, Luis Carlos Flores Morales; una sobrina secretaria de acuerdos, Karla Idaly Flores Morales, y otros sobrinos abogados.
Por demanda de divorcio, presentado en 2019, el expediente 1030-19, ubicado en el Juzgado Décimo Familiar, a cargo de la juez Sábela Patricia Asiain Hernández, se retrasó y será hasta el 3 de junio, cuando se cumpla con la audiencia otorgada.
Temo que no se haga justicia, porque el padre de mis hijos se ha dedicado a corromper el sistema”, alerta Mirna, quien llama a las autoridades a “sólo aplicar las leyes, y atender este tipo de casos con perspectiva de género”, para que se proteja tanto a las mujeres como a sus hijos, que también son violentados.
#CONLOSNIÑOSNO
Los juzgadores ponen en riesgo no sólo a la madre, sino a los propios hijos, por dejar de juzgar con perspectiva de género y por lesionar su derecho a vivir una vida libre de violencia, advierte Natalia Lococo, víctima de violencia vicaria y fundadora del Frente Nacional Mujeres MX. Este tipo de violencia, “es machista y el daño que deja, no sólo vicaria, sino a sus hijos, es terrible”.
Ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, y muchas veces, intentos de acabar con su vida, son cosas que padecen los menores arrebatados de sus madres”, señala Lococo.
Al referir que para garantizar que las infancias no sean afectadas en México, por estas situaciones, se busca reformar o adicionar en la Ley de Accso a una Vida Libre de Violencia, un artículo que tipifique el daño a los derechos de los hijos, como delito, y se castigue con la pérdida de la patria potestad e incluso la cárcel.
Autoridades son cómplices; hay una red entre la corrupción y el pacto patriarcal que se teje entre peritos, jueces y magistrados. Se utiliza a todo el mecanismo perverso, para dejar indefensas a las mujeres” víctimas de violencia vicaria, que reúne todas las violencias en una, incluso llegando a la última etapa, como es el feminicidio”, aseveró Gabriela Pablos Saucedo, vocera del colectivo FNMMX.
Pero este tipo de violencia también alcanza a los propios hijos y #ConlosNiñosNo, clama.
cva
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