Muristek
Un millón 600 mil hectáreas –repartidas en 5.100 paños de Arica a Punta Arenas, de los cuales 2.410 ya son susceptibles de ser enajenados con fines comerciales– componen los terrenos que se encuentran bajo administración de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, según reveló el periodista Dauno Tótoro en su libro "Prohibido el paso: Propiedad Militar”. El número es considerable si se atiende no ya solo a la necesidad del Estado por impulsar una política pública que apunte a crear un banco de suelos –algo que bien contribuiría a mitigar la profunda crisis habitacional que vive el país–, sino también a la hora de contemplar el mecanismo de traspaso de propiedad fiscal a las Fuerzas Armadas y la incapacidad de parte del poder civil de recuperar parte de esos terrenos para el bien común. Mientras los diputados intentan revivir un proyecto que apunta a la recuperación de parte de tal patrimonio, la investigación reflota la trenza política que ha posibilitado la enajenación de propiedad fiscal y la facilitación de negocios inmobiliarios, así como los beneficios que estas operaciones han reportado a los grupos económicos que adquieren dichos terrenos, entre los que se encuentran la inmobiliaria Parque San Luis y constructora Sinergia, de las familias Cueto y Sarquis; Invermex, vinculada a Enrique Krauss y Sebastián Piñera; el holding CorpGroup, del empresario Álvaro Saieh; VMB Ingeniería Estructural, de Rodrigo Mujica Vizcaya; la constructora Besalco, una tradicional empresa de la plaza, propiedad de la familia Bezanilla; y la Inmobiliaria Ralei, de la familia Rappaport.
Most Read