Muristek
Al margen de la declaración de dos médicas presentadas por la fiscalía de juicio, a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, una de las novedades del proceso oral que se desarrolla en La Plata contra un docente acusado por presuntos abusos sexuales en un jardín de infantes de Los Hornos, en 2010, pasó por la incorporación a la causa de una ONG, Asociación de Pensamiento Penal, que solicitó ser “amicus curiae” del Tribunal que lleva adelante el debate.
Esa figura, precisamente, habilita la participación de terceros ajenos a la contienda, que aportan argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de convicción a la hora de adoptar una postura o tomar una decisión trascendental en el pleito.
El pedido, que fue avalado por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo, se fundó en el interés general que presenta este caso, ya que atravesó por otra instancia de similares características con un resultado absolutorio, por mayoría, para quien hoy volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por decisión de Casación: el profesor de música Lucas Puig.
De acuerdo a calificadas fuentes judiciales, la Asociación de Pensamiento Penal indicó que “es una entidad civil sin fines de lucro integrada por operadores/as del sistema penal (jueces/juezas, fiscales/as, defensores/defensoras, abogados/abogadas de la matrícula, peritos/peritas, docentes y estudiantes) de todo el país, cuyos principales objetivos son la promoción, el respeto y resguardo de los derechos humanos”.
En cuanto a este proceso que nuevamente puso a Puig bajo un estado de sospecha, la ONG sostuvo que “las características de los delitos contra la integridad sexual llevan a que el testimonio de los niños, niñas y adolescentes damnificados ocupe un lugar medular durante la investigación. Por esa razón, es imprescindible que las y los operadores jurídicos actúen con cautela y adecuen su desempeño a protocolos estandarizados”.
En cuanto al contralor de derechos, se sabe que la Asociación de Pensamiento Penal tiene como meta principal la custodia de las garantías de raigambre constitucional.
Una de ellas es la del plazo razonable que, según entiende, en este caso se encontraría en tela de juicio.
“Toda persona sometida a un proceso penal tiene el derecho de obtener en un tiempo prudencial una respuesta jurisdiccional definitiva que ponga fin a su estado de incertidumbre frente a la ley y la sociedad”, destacó.
También mencionó la posible afectación de la prohibición de doble persecución penal (ne bis in idem), por lo que pidió se considere sus manifestaciones a la hora de emitirse la sentencia.